“Uno de los acusados presentó un recurso de habeas corpus por una cuestión de salud y le concedieron un arresto domiciliario por 30 días; es lo que tengo entendido, pero nunca se nos notificó a nosotros, la querella, en la causa”, explicó Alejandro Diéguez, el abogado de los hijos de José Porcel, el productor agropecuario que fue asesinado el 26 de junio en la Ramada de Abajo (Burruyacu) por un grupo de cuatro delincuentes. Por este hecho, la fiscal de Homicidios, Adriana Giannoni, había solicitado la prisión preventiva para José Ramón Rojas, Antonio Ismael Sánchez, Juan Alfredo Acosta y Marcelo Bernardo Alderete; esa medida cautelar fue concedida por el juez Alejandro Javier Tomás.

Caso Porcel: "si es necesario, se llevarán a cabo más medidas"

“El sábado tomé conocimiento de esta nueva situación y no sé ni quién es el juez que dictó esa orden ni con qué argumento, ni por qué todavía no fue trasladado a la cárcel Alderete, que es el acusado que supuestamente recibió el beneficio de arresto domiciliario. Tampoco sé qué otras medidas de seguridad se habrán fijado para garantizar que una vez cumplido el plazo vuelva a estar en estado de detención”, protestó el profesional que acompaña la querella de Ana Lía Porcel y sus hermanos. “En ningún momento me notificaron de esto, ni de la interposición del recurso ni del resultado del recurso, de nada”, continuó.

Estaría esclarecido el crimen de “Pepe” Porcel

Según explicó Diéguez, esto ocurrió la semana pasada, aunque no le precisaron en qué día ocurrió. “La última novedad que teníamos era que estos acusados estarían implicados en otros dos homicidios y que desde el miércoles o jueves comenzó a regir el nuevo sistema judicial; las dos semanas previas no funcionaban los tribunales así que no sé cuándo plantearon este recurso”, indicó. También aclaró que los cambios en el sistema judicial, que hoy se adapta a la aplicación de un nuevo Código Procesal Penal, no puede ser excusa para que no lo pusieran en conocimiento oficialmente de la resolución. “Sea con el nuevo o con el viejo código debían notificarme. Si era por el viejo sistema debía ser por escrito y de otra forma podían haberme comunicado de cualquier manera: escrita, por video, Whatsapp, e-mail o por las notificaciones al domicilio digital; incluso la OGA tiene mi número de teléfono así que no tengo idea de por qué ocurrió esto”, disparó.

Por último, el abogado no olvidó remarcar que desaprueban la medida y que Alderete debió haber sido enviado al penal de Villa Urquiza. “Estamos molestos con la determinación, estos sujetos son peligrosos y se tendría que haber ordenado su traslado desde la comisaría hacia la cárcel para que reciba la atención médica necesaria y no el traslado a su casa”, sentenció.